Durante el verano de 1983, Larry Bryant, de Alexandria, Virginia, presentó un mandato de habeas corpus contra los Departamentos de los Estados Unidos de Defensa y Estado, las Fuerzas Aéreas, el Ejército, la Agencia de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigación (FBI). ¿Su acusación? Todos los demandados habían conspirado para ocultar el accidente aéreo, en 1947, de un vehículo extraterrestre en el desierto de Nuevo México. Y lo que es más, en realidad las Fuerzas Aéreas poseían uno o más cuerpos de los ocupantes del ovni.
Un documento del FBI, añadido a la orden ante el tribunal, citaba a un investigador de las Fuerzas Aéreas que afirmaba que se habían recuperado tres platillos volantes cerca de un gran aparato de radar del Pentágono, en Nuevo México. Evidentemente, el radar había interferido con el mecanismo de control del aparato. Según el memorándum, cada avión circular tenía un diámetro de, aproximadamente, 15 m y contenía una sección elevada en el centro. Sus ocupantes era humanoides, continuaba, de un metro de estatura y llevaban puestos unos monos metálicos.
Bryant creía que los visitantes extraterrestres aún seguían vivos y que eran retenidos contra sus derechos constitucionales. No podían verse detenidos sin ser acusados de un delito, argumentaba, y al presentar aquel mandamiento de habeas corpus Bryant confiaba en que los alienígenas fuesen liberados por el Gobierno o, por lo menos, se pudiese recuperar sus cadáveres. tal vez lo que en realidad desease fuese convertir todo aquel asunto en un verdadero escándalo público; no resultaba probable que el Gobierno, tras muchos años de negar la existencia de los ovnis, fuera ahora a reconocer su existencia, y mucho menos la posesión de los propios alienígenas, a causa de sólo un escrito de habeas corpus.
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